La iniciativa llegó este miércoles a la Sala con el compromiso del Gobierno de aumentar en 2023 los salarios de los funcionarios con ingresos más altos.
Consiste en aplicar alzas en agosto y diciembre del próximo año a los sueldos de empleados que en esta ocasión verán un aumento menor al 12%.
La Sala del Senado se encuentra debatiendo este miércoles el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone un reajuste de 12% para las remuneraciones del sector público, cuyos sueldos brutos no superen el monto de 2,2 millones de pesos.
Para sueldos superiores a 2,2 millones de pesos, la propuesta contempla un monto fijo de 264.000 pesos mensuales, que serán considerados parte del mismo.
Durante el debate en la Comisión de Hacienda, donde se abrió un periodo de audiencias públicas con una treintena de organizaciones, se alcanzó además un compromiso con el Gobierno en orden a presentar una modificación con el fin de nivelar el reajuste para las remuneraciones de los funcionarios que recibirán un monto de 264.000, durante 2023.
Este ajuste se aplicará a partir del mes de agosto de 2023, con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios. Esta cifra, se complementará en diciembre de 2023 y permitirá alcanzar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para el año 2024.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma (UDI), valoró el acuerdo que calificó como «razonable» y afirmó «probablemente no es para poner fuegos artificiales, pero marca una señal relevante, que ese 12% que generaba discrepancias entre funcionarios va a tener un plazo en el que se cerrará esa brecha».
En esa misma línea, el Gobierno comprometió un estudio de remuneraciones en el sector público y, en el marco de la mesa sectorial tripartita de universidades estatales, se desarrollará un seguimiento del proceso de regularización de honorarios definidos en la ley de reajuste.
Por otro lado, antes del 31 de julio de 2023, el Ejecutivo propondrá una solución legislativa que se haga cargo de resolver las diferencias que se hayan producido en las distintas escalas de remuneraciones producto de los reajustes diferenciados otorgados a través de las leyes de reajuste del sector público, Cabe recordar que este punto fue una de las principales preocupaciones de la instancia.
«Creemos que se abren espacios importantes para, en conjunto, con un trabajo bilateral con los trabajadores y las trabajadoras y el Estado, como su empleador, podamos tener bases comunes a efectos de, por ejemplo, abordar una temática tan relevante como la igualdad de oportunidades salariales», dijo la ministra del Trabajo, Jeanette Jara.
«Esto nos va a permitir, por un lado, conciliar estos dos objetivos durante el 2023 y, al mismo tiempo, asegurar una base para la continuidad de los sistemas de remuneraciones a futuro que mantengan los incentivos y la retribución a los trabajadores de mayor calificación», afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Tras haber depuesto el paro por el reajuste en el sector público, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, dijo que «para nosotros es un tema que ya lo queremos dar por superado y, lo más importante, más que el tema de las lucas es que haya un compromiso del Gobierno a que esta política de diferenciación de reajuste no se va a volver a repetir y, por otra parte, considera a un conjunto de gremios que no participamos en la mesa del sector público en las próximas negociaciones. Esas son las mejores noticias».
En paralelo, continúan las críticas desde los gremios del comercio para la aplicación del IVA a diversos servicios, que comenzará a regir el 1 de enero de 2023.
Desde la Asociación de Emprendedores de Chile señalaron que «es una medida que generará un grave daño y que atenta contra la recuperación económica de los emprendedores y pymes».