Un carabinero denunció acoso laboral y persecución institucional luego de ser transferido desde la región de Coquimbo a Valparaíso, por negarse a sacar partes contra automóviles y transportistas colectivos.
Según detalla la abogada del uniformado, Consuelo Varas, toda la situación se generó cuando el sargento 2° de Carabineros de La Serena, Alexis Bórquez, se quejó por sus redes sociales respecto a la exigencia de la institución de emitir más infracciones.
“No me manden a sacarle multas a gente que trabaja honradamente porque no lo haré. No me manden a cagar a un Uber o a un colectivero porque tampoco lo haré. Menos en estos tiempos en que tanto cuesta llevar el pan para la casa”, escribió Bórquez en mayo de 2020.
Ante la negativa, la abogada señaló que desde esa fecha la institución adoptó varias medidas represivas contra el sargento segundo de Carabineros. Todo esto con el fin de sancionarlo y darlo de baja.
Acoso laboral
En ese sentido, la defensora, mencionó que Bórquez fue denunciado ante la Fiscalía Militar por presunto abandono de cuadrante. Además de ser trasladado numerosas veces dentro de la región de Coquimbo.
No obstante, Varas indica que la más grave fue la reciente solicitud de transferencia. Específicamente, desde la 1º Comisaría de la Prefectura de Coquimbo, a la 5º Comisaría de la Prefectura Valparaíso.
Frente a este hecho, el uniformado, en conjunto con su defensa, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, que busca revocar la solicitud de traslado.
“La única forma que tienen de castigarlo es a través de este traslado que lo mantiene alejado de su hija. Lo que significa una afectación física y psíquica para ambos. Sumado a una merma en sus ingresos”, dijo Varas.
Del mismo modo, la defensora indicó que toda esta situación también ha generado estragos en la hija del funcionario. En concreto, Varas mencionó que debido a la separación, la niña se encuentra con tratamiento psicológico.
Finalmente, de acuerdo a la abogada, Carabineros tiene hasta el 18 de abril como fecha máxima para referirse al recurso de protección por “constantes hostigamientos y persecución”.
